lunes, 19 de diciembre de 2011

SANTIAGO CANO SE MANTUVO ATENTO Y VIGILANTE DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DISPUESTO POR EL TC QUE RATIFICA A HUACHO COMO SEDE REGIONAL


En audiencia realizada en la Corte Superior de Justicia de Cañete
SANTIAGO CANO SE MANTUVO ATENTO Y VIGILANTE DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DISPUESTO POR EL TC QUE RATIFICA A HUACHO COMO SEDE REGIONAL
Confiado y tranquilo, se mostró el Alcalde Provincial Santiago Cano La Rosa antes, durante y después de culminada la audiencia en la Corte Superior de Justicia de Cañete, donde una vez más se ventiló el tema de la sede del Gobierno Regional de Lima.
En todo momento, Santiago Cano se mantuvo atento y vigilante al desarrollo de esta vista de causa, con el propósito que se dé estricto cumplimiento al fallo emitido por el Tribunal Constitucional, que ratifica a Huacho como Capital de Región.
En la audiencia, el Procurados Ad Hoc Regional Dr. Humberto Maúrtua, fue el encargado de presentar el informe oral que solicita al juez del Primer Juzgado Civil, Dra. Norma Gonzales Ventura, se declare improcedente las demandas acumuladas de cumplimiento, toda vez que no se ha cumplido con los requisitos que establece el precedente vinculante.
“Confiamos en las autoridades judiciales de Cañete, quienes basados en su principio de imparcialidad deberán de acatar lo dispuesto por el TC y emitir sentencia dándonos la razón y así poder zanjar este tema”, enfatizó Cano La Rosa.
La primera autoridad edil viajó hasta el sur chico acompañado del asesor legal de la comuna huachana Dr. Jorge Landa Galiano, en aras de tratar de resolver este conflicto a raíz de este proceso y poner fin a un enfrentamiento que ha provocado una herida entre dos pueblos hermanos. “Pongámonos a trabajar hermanadamente para sacar adelante nuestras provincias y conseguir soluciones a los problemas que demanda nuestra gente”, remarcó.
En ese sentido, el burgomaestre huachano indicó que las cosas están claras y como autoridad elegida por el voto popular, sólo cumplió con su responsabilidad de cautelar los intereses de la ciudadanía del Norte Chico, que vio vulnerada su derecho constitucional.